La dependencia, ahora dirigida por Roberto Velasco Álvarez, echó a la FGR la responsabilidad de determinar “si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un día antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública el acta de imputación donde acusa al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y políticos cercanos al morenista de trabajar con el Cartel de Sinaloa, el gobierno de Donald Trump envió “solicitudes de detención” al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, aunque la Cancillería comentó que estas peticiones no cuentan con “elementos de prueba”.
Minutos después de la difusión del acta de imputación ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que el gobierno de Trump envió las solicitudes de extradición de diversas personas “el 28 de abril a las 18 horas”.
Dicho de otro modo: el gobierno de Sheinbaum sabía desde ayer que estaba a punto de estallar una grave crisis política, tanto a nivel interno como en la relación bilateral con Estados Unidos.
Tras recalcar que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información” relativa a las solicitudes de extradición, la Cancillería se quejó de “la forma en que se dio a conocer” la información –un comunicado ampliamente difundido por el Departamento de Justicia y la embajada de Estados Unidos en México–, y anunció que enviará un “extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos”.
Aunque no detalló la identidad de las personas cuya detención fue solicitada por Washington, la Cancillería indicó que giró las solicitudes a la Fiscalía General de la República (FGR), pero de entrada destacó que los documentos “no cuenta (sic) con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La dependencia, ahora dirigida por Roberto Velasco Álvarez, echó a la FGR la responsabilidad de determinar “si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
El acta de imputación de la justicia de Estados Unidos, difundido poco después de mediodía, señala a Rubén Rocha Moya junto con nueve figuras públicas de Sinaloa, como el ahora senador morenista Enrique Inzunza Cazarez, otrora secretario general de Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, o el secretario de finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega.
También acusa al vicefiscal Damaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Aviles, jefe de la Policía de Investigación y su sucesor en el cargo, Alberto Jorge Contreras Núñez; así como Gerardo Merida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Rocha entre 2023 y 2024; José Antonio Dionisio Hipolito, director de la policía estatal entre 2017 y 2022; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía de municipal de Culiacán.
More Stories
ROCHA MOYA PODRIA ENFRENTAR CADENA PERPETUA POR PRESUNTOS VINCULOS CON CARTEL DE SINALOA
‘REUNION CON HARFURCH FUE CORDIAL Y TRANSPARENTE’…
QUIENES ME ‘INVITARON’ A COMPARECER ESTAN EN LA LISTA ROJA DE EU…