EVITAN DESALOJO,,ACTIVAN MESAS DE DIALOGO…

Después de al menos cuatro horas de tensión entre policías municipales, actuarios judiciales y habitantes del fraccionamiento Las Huertas, un desalojo ordenado por juzgados civiles a solicitud de los supuestos propietarios del predio fue desactivado.

El desalojo inició cerca de las 8:00 de la mañana y concluyó antes del mediodía con la permanencia de unas 50 familias en los hogares que habitan entre las calles De la Uva y Del Mamey, sin que trascendiera si hubo más acuerdos referentes a un período de gracia para su desalojo.

Se informó que habitantes del fraccionamiento lograron desactivar la actuación judicial y abrir mesas de diálogo para ver la situación particular de cada familia.

Los actuarios de una sala civil y los representantes de los presuntos propietarios del predio donde está el conjunto habitacional llegaron a un acuerdo con los habitantes del fraccionamiento y se suspendió la acción de desalojo, por instrucción del actuario Juan José Reyes.

Un comandante de la Policía señaló que acudieron porque un juez civil (cuyo nombre no fue ventilado) ordenó respaldar a los actuarios para proceder al retiro de más de 50 familias que viven en el fraccionamiento, al que se llega por el eje vial Juan Gabriel.

Indicó que hubo resistencia de los habitantes, que en momentos hubo roces con la autoridad y que todo concluyó con el diálogo, donde varias personas expusieron que desde hace casi 30 años viven en el lugar, y hasta pagaron sus casas a los antiguos dueños.

Los actuarios se negaron a proporcionar información sobre los dueños, que promovieron el desalojo tras un litigio.

Por la tarde de ayer, personal de la Dirección General de Asentamientos Humanos del Municipio acudió a censar la zona, donde, aseguró Antonio Quiñones Chávez, funcionario local, había entre 135 y 150 familias en riesgo.

Ninguna de las familias fue llamada a juicio, sino que se trató de una sentencia favorable entre dos personas morales, agregó Quiñones Chávez.

Por su parte, familias afectadas lamentaron el trato de quienes reclamaban las propiedades, quienes llegaron sin órdenes judiciales de desalojo certificadas, pues llegaron a romper candados.

“Si alguien quiere legalizar estas casas somos nosotros”, señaló una de ellas, Susana Reyes, quien dijo que paga sus servicios, así como el Predial, por lo que cuestiona el reclamo de la propiedad, para lo cual les dieron la opción de pagar 100 mil pesos como enganche a la constructora, y medio millón de pesos para pagar a través de Infonavit.